El acceso a la salud es un derecho fundamental independientemente del estado legal o condición socioeconómica o financiera que se posea. Un derecho que debería ser particularmente protegido a los grupos vulnerables y en mayor riesgo de experimentar barreras en el acceso (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950). El debate sobre cuál es el mejor enfoque para garantizar y mejorar el acceso a la salud de las poblaciones vulnerables y excluidas, es analizado por países de ingresos medio y bajo. Sin embargo, a través de la gestión del conocimiento y el fomento del uso de la información orientan políticas y estrategias para afectar ampliamente las desigualdades que comúnmente experimentan las poblaciones con mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad y adulto mayor), que acceden a la oferta sanitaria del sistema de salud.

En este escenario, el Gobierno Nacional garantiza el derecho al reconocimiento de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas a favor de aquellos grupos sociales en quienes esas diferencias significa desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, dando cumplimiento al principio constitucional que expresa: “todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica”. (Colombia R. d., Constitución Política de Colombia, Art. 18, 1991). Por consiguiente “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real, efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Colombia R. d., Constitución Política de Colombia, 1991).

En sintonía con las Dimensiones Prioritarias definidas en el Plan Decenal de Salud Pública, se reúnen los aspectos requeridos para lograr bienestar y calidad de vida entre la población colombiana independientemente de la etapa del ciclo de vida, la pertenencia étnica o la condición socioeconómica. Representa un verdadero reto reconocer, visibilizar y generar respuestas integrales intersectoriales dirigidas a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, debido a las condiciones que pueden caracterizar cada grupo en específico: específico: condiciones del transcurso (ciclo) de vida (primera infancia, adolescencia y vejez), de género, de pertenencia étnica (Pueblos Indígenas, Afro y Rrom), de situación de discapacidad, derivadas de la victimización del conflicto o aquellas determinadas por la ubicación geográfica (zonas rurales dispersas o asentamientos).

El enfoque diferencial es concebido como “un método de análisis que toma en cuenta las diversidades e inequidades en nuestra realidad con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los derechos” (CODHES, 2008) de los sujetos. Se toman en cuenta las diferencias de género, identidad sexual, identidad étnica, edad y situación de salud entre otras, con el fin de evidenciar las formas de exclusión, discriminación y dominación que se ejercen sobre las personas y sobre los colectivos como efecto de las diversas asimetrías en las relaciones de poder en las cuales participan (Montealegre, 2010).